Último single de Robbie Williams, titulado “Bodies”.

El Gobierno ha cedido finalmente ante los operadores móviles y ha concedido un plazo de seis meses para que aquellas personas que no hayan identificado su tarjeta sim, puedan recuperar su número.

A partir del día 9 de noviembre, todas las tarjetas prepago que se encuentren sin identificar serán desconectadas. Se trata de una medida reflejada en la Ley de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas, que entró en vigor hace dos años, y que obliga a los operadores a identificar a todos los usuarios de tarjetas prepago de móvil.

Se calcula que entre 3 y 4 millones de líneas prepago permanecen aún sin identificar, si bien sólo un 30% tienen un uso real.

Tras dos años de negociaciones, el llamado paquete Telecom ha sido aprobado. La medida más importante es que se autoriza que las autoridades administrativas puedan cortar el acceso a Internet a aquellos usuarios que descarguen contenidos protegidos por derechos de autor.

Éstas medidas podrán aplicarse únicamente, según indica el texto, “respetando el principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad” y como resultado de un “procedimiento previo, justo e imparcial” que garantice “el derecho a ser escuchado” y “el derecho a una revisión judicial eficaz y en el momento oportuno”.

Entre otras medidas que también se incluyen se encuentran la reforma que da poderes a los órganos reguladores de cada país para forzar a los operadores a separar funcionalmente el departamento de servicios de la gestión de la red en caso de problemas de competencia.

También se crea un Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas, cuyo papel sería meramente consultivo.

Otra novedad es la prohibición para los operadores de contratos superiores a los dos años, y, en el caso de los operadores móviles, realizar las portabilidades en el plazo de un día.

Los operadores tendrán la obligación de luchar contra el spam y los virus, y notificar a los usuarios de posibles fallos de seguridad.

Los operadores, además, no podrán diferenciar entre servicios como p2p o voz, y deberán siempre informar a los usuarios sobre la naturaleza de los servicios contratados antes de firmar el contrato.